IU exige más acción contra los desahucios
Y DURO CON LAS
PERSONAS.
Izquierda Unida interpreta el
decreto sobre desahucios como una chapuza, ya que las condiciones para acogerse
a la paralización del desahucio son duras, y además la amenaza del mismo y la
deuda con la entidad bancaria sigue existiendo y creciendo durante la moratoria
de dos años.
Arcos de la Frontera, 22 de noviembre
de 2012. El Consejo Local de Izquierda Unida a
analizado las medidas del Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, aprobado por el Consejo de Ministros el
pasado 16 de noviembre, y ha concluido que las medidas adoptadas son absolutamente
insuficiente porque no aborda en profundidad y con voluntad real el trágico
problema de los desahucios.
Este
Decreto ley es a todas luces es injusto e insuficiente, ya que establece una
casuística para los colectivos que pudieran beneficiarse del desahucio que no
aborda con rigor ni valentía un problema que ha pasado de drama a tragedia
social, tras los últimos acontecimientos donde personas desesperadas por el
desahucio han puesto fin a sus vidas, situando el problema en su trágica
dimensión.
El
Real Decreto Ley plantea una moratoria de dos años, tras los que sigue vigente
por tanto la amenaza del desahucio, a colectivos en los que tienen que darse al
mismo tiempo unos requisitos que no van a abarcar a la diversidad y complejidad
de un problema que ataca uno de los derechos reconocidos en la Constitución
Española, y cuestiona y destruye uno de los derechos humanos básicos, el de que
todas las personas disfruten de una vivienda digna.
No
se trata solo de los desahucios: se trata de la deuda y la carga hipotecaria de
las personas que pesan como una losa para salir de un círculo vicioso provocado
por una situación a todas luces injusta y por unas leyes vigentes que son una
estafa y que sitúan a las personas al pairo de las entidades financieras, ante
las que el Gobierno central no muestra intención política de confrontar en
favor de la ciudadanía más vulnerable.
Los
Ayuntamientos andaluces, que conforman la administración más cercana a la
ciudadanía, no pueden permanecer ajenos a este drama que afecta a muchos de sus
vecinos y vecinas, sino que deben erigirse como parte del Estado que, como en
otras importantes ocasiones y momentos en los que la sociedad lo ha demandado,
ponga en el centro del debate político la necesidad de actuaciones urgentes
sobre las personas amenazadas de desahucios, así como cambios normativos que
den solución a uno de los problemas más graves con los que se encuentra
actualmente la sociedad española.
Izquierda
Unida propone la sustitución del Real Decreto Ley por una profunda reforma
legal que contemple: la paralización inmediata de todos los desahucios, la
dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social como solución
alternativa, la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, la reforma de la Ley
hipotecaria, que contemple una quita de la deuda privada por la adquisición de
la vivienda. Es por ello, por lo que apoyar la Iniciativa Legislativa Popular
sobre la Proposición de Ley de la regulación de la dación en pago, de la
paralización de los desahucios y de alquiler social, promueve actuaciones de
mediación ante las entidades financieras y de información a las familias en
riesgo de desahucio, con el apoyo de las oficinas provinciales del Programa
Andaluz en defensa de la Vivienda, que eviten los desahucios y apoyar
institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del
derecho a la vivienda se organicen para la consecución de los objetivos arriba
enunciados.
Como
información añadir que el citado Real Decreto establece dos medidas: la primera
es la paralización durante dos años del desahucio, que afecten a los colectivos
que cumplan los siguientes requisitos: no superar el nivel de rentas de 1.597
euros, haber multiplicado la carga hipotecaria, al menos, por un 1,5 en los
últimos cuatro años, superar la cuota hipotecaria el 50 por 100 de los ingresos
netos; tener un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en
propiedad; y, además, encontrarse en alguna de estas circunstancias: Ser
familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente, constituir
una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo, ser familias con algún
menor de tres años, tener a su cargo a personas en situación de discapacidad
superior al 33 por 100 o dependencia que incapacite de modo permanente para una
actividad laboral, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo, constituir
unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas
que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de
parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y que se
encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad
grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad
laboral, estar en algunos supuestos de violencia de género.
La segunda medida es la creación urgente de un
Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler
con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.
La nota de prensa la dieron hoy en Sierravision con viejas imagenes de la protesta de IU en Puerto Serrano contra los desahuisios
ResponderEliminarEstá claro el tratamiento que nos dan en las noticias.
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