Las reclamaciones que presentaron los vecinos de Juan Carlos I contra el cobro indebido del Impuesto de Bienes Inmuebles ya están siendo tramitadas en la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía. El Parlamentario Andaluz de Izquierda Unida, Ignacio García, se ha encargado de realizar las gestiones para hacerle llegar a la Consejera la documentación aportada por los vecinos de esta barriada.

Este procedimiento se inició tras una reunión entre los vecinos de Juan Carlos I y nuestro parlamentario, en la cual éstos expusieron sus quejas por el cobro del IBI a los inquilinos de las viviendas de esta barriada que son propiedad de la Junta de Andalucía. Además los vecinos mostraron su protesta por la forma en la que la Consejería les ha cobrado esta cantidad, la cual al estar unida al recibo del alquiler mensual ha provocado la imposibilidad de negarse a pagar el nuevo impuesto, dejándolos en una completa indefensión ante la Administración.

Izquierda Unida va a hacer entrega a cada inquilino de la copia sellada por la Junta de Andalucía de la reclamación individual presentada, y además invita al resto de vecinos a seguir presentando reclamaciones ante la Consejería de Obras Públicas. Para ello pone a disposición los modelos de reclamación que podrán ser, tanto recogidos como entregados, en la sede de Izquierda Unida en Arcos. A medida que esta organización vaya teniendo noticias de la resolución de este conflicto se les comunicará a los interesados.

En otro orden de cosas, Izquierda Unida se hace eco de las quejas de vecinos y feligreses de la Parroquia de San Agustín, por el mal estado de la techumbre del templo que alberga la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Las personas interesadas ya le han comunicado esta situación al Ayuntamiento, sin que por el momento se les haya propuesto ninguna solución. Izquierda Unida recuerda que el templo de San Agustín es un edificio protegido dentro del Plan Especial del Casco Histórico por su valor histórico y artístico, siendo además un edificio muy visitado. Esta organización espera que, tanto la Iglesia Católica, titular del templo afectado, como las distintas Administraciones Públicas con competencias en edificios protegidos, tomen las medidas urgentes para evitar un deterioro mayor del tejado y posteriormente acometer las reparaciones definitivas que fuesen necesarias. La inoperancia de la Delegada de Cultura se pone una vez más en evidencia demostrando que su gestión está a unos cuantos años luz por debajo del trabajo realizado por nuestro compañero Pedro Sevilla cuando dirigía la Delegación Municipal de Cultura.

28/06 · 19:11 ·Autor: Jose Antonio Benítez Macías

Izquierda Unida (IU) celebró el lunes reunión con los vecinos de Juan Carlos I a los que la Junta pretende cobrar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) en lo que la coalición de izquierdas considera un ataque repentino a la economía de las familias. Así lo explicó el parlamentario andaluz Ignacio García, quien el pasado martes hubiera registrado en el Parlamento andaluz una pregunta dirigida a la Consejería de Obras Públicas para que explique esta medida tributaria novedosa en ésta y otras barriadas de VPO de Arcos.

De hecho, y como admitió García, la de Juan Carlos I ha sido de las primeras en Andalucía en movilizarse por este asunto, aunque el partido ha lamentado que otros hayan cobrado una pequeña cantidad a los vecinos por resolverles el pago vía judicial, en alusión a Ai-Pro, ya que IU ha asesorado y trabajado sobre el asunto sin ningún tipo de beneficio económico.

García, acompañado de la coordinadora local de IU en Arcos, María José Partida, recordó que las viviendas de Juan Carlos I datan de 1985 y que desde entonces nunca han pagado IBI al ser un impuesto dirigido a la propiedad, en este caso responsabilidad de la propia Junta de Andalucía, ya que las viviendas son de régimen de alquiler.

García lamentó que la subida se “cebe” con las familias y los desempleados en muchos casos que ocupan estas viviendas, que sufrirán subidas en el IBI del 65 e incluso del cien por cien. Para el parlamentario andaluz, detrás de estas medidas se encuentra “un afán recaudatorio”, pero sobre todo una política de “hacer pagar a los más débiles los efectos de la crisis”.

Además, apuntó a “la escasa sensibilidad” no sólo de la Junta, sino del Ayuntamiento de Arcos, al que acusó de “no haber dado la cara” y no haber defendido los intereses de los vecinos y de las familias. En este sentido, también criticó que el Gobierno de Zapatero haya recortado en un cinco por ciento el sueldo de los funcionarios con entrada en vigor de forma inmediata, mientras que ha reservado para enero próximo el aumento de un uno por ciento de los impuestos sobre los grandes patrimonios, es decir, sobre los ricos.

Por todo, se preguntó por qué los bancos, a los que acusó de haber provocado en gran medida la crisis, no pagan las consecuencias de la recesión económica frente a los más débiles, y todo bajo la justificación de “reprogramar”, que para IU es sinónimo de recortar derechos sociales.

Ignacio García criticó el anuncio del ministro José Blanco de habilitar un peaje sobre las vías de alta capacidad, una medida que creará “una fosa social”, ya que considera quienes menos recursos tienen se verán obligados a utilizar vías menos seguras para sus desplazamientos, cuando la distancia territorial es el principal escollo que tiene Andalucía para su desarrollo, explicó el parlamentario.

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO Y EN COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA EN RELACIÓN CON LA SUBIDA DE LA RENTA DE LAS VIVIENDAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA REPERCUSIÓN DEL IBI.

Exposición de Motivos:

Los vecinos de la Barriada de Juan Carlos I de Arcos de la Frontera (Cádiz) y de otras ciudades de Andalucía, que habitan en régimen de arrendamiento viviendas de carácter social propiedad de la Junta de Andalucía, han comprobado que el recibo del mes de mayo que se les ha pasado al cobro incluye un significativo aumento de la renta, que en algunos casos supera el 65%.

A su vez, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) les ha comunicado que dicho incremento de renta es debido a que, a partir de ahora, se les va a repercutir en la renta mensual la parte proporcional correspondiente al pago anual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Para ello se invoca el artículo 3.1 del Decreto 416/1990, por que se regula el régimen de arrendamientos para las viviendas de promoción pública. El citado artículo establece que el arrendatario “vendrá obligado a satisfacer los gastos que se produzcan no solo por servicios comunes y por el mantenimiento y conservación de las zonas comunes de construcción, sino también por los tributos y demás cantidades que se abonen por la prestación de servicios”. El aplicar el citado artículo a la repercusión mensual del IBI es, cuando menos, discutible por cuanto que no se trata de ningún impuesto relacionado con la prestación de servicios, sino de un impuesto ligado a la propiedad, que, evidentemente, corresponde a la Junta de Andalucía.

En cualquier caso, y por encima de cualquier interpretación jurídica, resulta inadmisible que, en tiempos de crisis como los que atravesamos, la Junta de Andalucía aplique a familias titulares del arrendamiento de viviendas sociales – y, por ello, en condiciones económicas precarias – subidas de renta que pueden superar el 65%. Familias que, además, en muchos casos atraviesan graves dificultades por estar sus miembros en situación de desempleo y con las prestaciones agotadas. Y todo ello, recurriendo a un decreto con veinte años de antigüedad que no se había aplicado hasta ahora.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta la siguiente

Proposición No de Ley:

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1) No aplicar las medidas anunciadas de repercusión del IBI en las viviendas sociales en régimen de arrendamiento propiedad de la Junta de Andalucía.

2) Profundizar y agilizar los mecanismos de ayuda, deducción o subvención con vistas a la bajada de las rentas de las viviendas sociales en régimen de alquiler propiedad de la Junta de Andalucía, para aquellas familias cuyo poder adquisitivo ha sufrido un considerable recorte respecto a situaciones anteriores como consecuencia del desempleo de sus miembros.

El portavoz de Izquierda Unida en la comisión de Obras Públicas y Vivienda del Parlamento de Andalucía, Ignacio García ha denunciado que la empresa pública de suelo de Andalucía EPSA está aplicando “una subida encubierta a la renta mensual” que pagan los inquilinos de determinadas viviendas sociales a través de la repercusión mensual del IBI de la vivienda. Según el parlamentario andaluz han sido detectados casos en Arcos de la Frontera, en concreto en la barriada de Juan Carlos I, en Ronda, y en otras localidades. Se trata siempre de viviendas de carácter social dirigidas a familias con escasos recursos económicos suponiendo la subida de más del 60% sobre la renta anterior.

El parlamentario andaluz apuntó que esta rentas, que en algunos casos se vienen pagando desde hace 25 años, ya han sufrido las revisiones anuales correspondientes a la subida IPC. La subida de la renta según EPSA se basa en un decreto aprobado por la Junta en 1990 que no ha sido aplicado hasta ahora. Según Ignacio García, la interpretación de este decreto es “más que discutible” pues según algunos expertos consultados por el parlamentario la subida del IBI no debe repercutir sobre la renta pactada con anterioridad.

“En cualquier caso lo que resulta inadmisible es que en la época de crisis en la que estamos la Junta pretenda recaudar más de las familias con más dificultades, muchas de ellas afectadas por el desempleo, cuando se trata de familias a las que habría que ayudar por su precaria situación económica”, enfatizó García.

El portavoz de IU en la comisión denunció igualmente el hecho de que Griñán no hablara sobre este asunto en el debate sobre el estado de la Comunidad, “ocultándolo al parlamento”, lo que a su juicio “es un indicio, de su escasa seriedad y respeto al parlamento y al pueblo andaluz”.

(*) Cobran sus salarios como diputados provinciales, siendo estos estipulados por la Diputación Provinvial de Cádiz.
(**) Cobra su salario como parlamentario andaluz y vicepresidente tercero, siendo este estipulado por la Junta de Andalucía

El parlamentario de IULV-CA afirma que las cuentas para el 2010 son “un lastre para la provincia por su insensibilidad social y su carácter conservador”

El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por la provincia de Cádiz, Ignacio García, ha señalado hoy que las visitas de los delegados provinciales de la Junta de Andalucía a las distintas comarcas de la provincia de Cádiz y del resto de provincias son usadas por los dirigentes socialistas para “inflar las raquíticas cuentas de los Presupuestos andaluces para 2010”. Como ejemplo, García ha citado la reciente visita de Gabriel Almagro al Campo de Gibraltar, y apunta que “de los 138 millones anunciados por Almagro para el Campo de Gibraltar, siendo benevolentes, podemos dejar en 57 millones la inversión real para la comarca, y eso contando con partidas compartidas con más de un municipio”

 Respecto a las cuentas totales presupuestadas para la provincia de Cádiz, el diputado ha destacado el carácter “retrógrado” de los presupuestos de la Junta, a los que ha descrito como “un lastre para la provincia por su insensibilidad social”. Así, según explica, en estos presupuestos “bajan las inversiones y las políticas sociales e incluso las consejerías que aparentemente suben algo, tienen trampa”.

Entre las “trampas” detectadas por el Area de Economía y Presupuestos de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz, el diputado alude al hecho de que se consideren como inversiones para la provincia los casi 7 millones de euros que abona la Junta para el pago del peaje entre Puerto Real y Jerez, “cuando es evidente que eso es un simple gasto corriente, sin olvidar que sigue pendiente la auténtica losa para las comunicaciones de Cádiz: el peaje hasta Sevilla”.

Por otro lado, García lamenta que importantes partidas de inversión para la provincia de Cádiz se hagan depender del pago de la Deuda Histórica cuando, de momento, no se contempla ninguna partida en los Presupuestos Generales del Estado. El diputado afirma asimismo que, “aun en el caso de que se pagara la deuda, lo más probable es que el pago se haga en terrenos –como lamentablemente ha aceptado Griñán-, con lo que sería imposible materializar estas inversiones en el plazo de un año”. Entre las inversiones pendientes de la deuda se encuentran la construcción y ampliación de centros educativos (por más de 16 millones de euros) y la ejecución de algunas carreteras como la Jerez–San José del Valle por La Barca y las comunicaciones de la Costa Noroeste con Jerez y El Puerto.

Tras un análisis inicial de las inversiones de las diversas consejerías, destaca la bajada del AEPSA en Cádiz (de 4,7 a 4,6 millones €), “a pesar de la crisis económica que provoca el retorno de muchos trabajadores –parados– al campo”, así como la bajada de casi todos los programas de Educación, “Primaria en 1,2 mill. € y Secundaria en 600.000 €; Compensatoria y Educación Especial bajan un 20 % y también bajan un 20 % las enseñanzas de Régimen Especial (conservatorios…)”. Según explica el diputado, la aparente subida en Educación tiene trampa y “se debe sobre todo, a la Educación Infantil, antes en Igualdad y Bienestar Social y a la compra de ordenadores, muy cuestionada por los docentes y expertos en general”.

En lo que respecta a Obras Pública, García indica que “la tremenda bajada de inversiones (26 millones)” supone la desaparición de proyectos y obras como el tranvía sobre el segundo puente a Cádiz, las variantes de Ubrique, Espera, Paterna, Olvera, Barbate…, la duplicación de la calzada Arcos-Villamartín (sólo hasta Bornos) y la conexión de la A-7276 con la A-384 por Alcalá del Valle, “en lo que parece ser un ejemplo claro de la aplicación de la Doctrina Almagro (donde el alcalde es de otro partido, se hace lo que dice el PSOE local, no lo que interesa al pueblo)”.

En cuanto a Empleo, el diputado afirma que aunque sube en su conjunto un 8,24 %, partidas importantes como “Formación para el empleo” y “Empleabilidad” sufren recortes importantes; “La Junta prefiere desviar dinero a las empresas, en vez de a la preparación de los trabajadores”, puntualiza. Las partidas destinadas a Salud se caracterizan según el diputado por su ambigüedad, “pues en una única partida se meten proyectos importantes como el CHARE de La Janda y los Hospitales de Cádiz y La Línea, así como el CPE de Chiclana; en otra única partida se meten diversos centros de salud, aunque no aparecen los de Rota y Ubrique, aunque si se reparten, las cantidades presupuestadas resultan mínimas.

García critica, por otro lado, el fuerte recorte experimentado en Pesca “cuya bajada puede ser la puntilla para el sector, pasando de 22,6 millones en 2009 a 12,5 en 2010 (27 % de bajada)”. Al igual que en Vivienda, donde a su juicio, “puede decirse que la Junta renuncia a hacer política de vivienda en la provincia”. Se resienten especialmente los programas de conservación y rehabilitación. Finalmente el diputado denuncia la bajada de inversiones en Igualdad y Bienestar Social, especialmente las destinadas a la atención de mayores”.

Denuncia el incremento excesivo de precios y el sistema de bonificaciones desfasado que perjudica a la economía de las familias andaluzas

El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por la provincia de Cádiz, Ignacio García, defenderá mañana en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz una Proposición No de Ley en la que insta al Consejo de Gobierno a modificar el acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de Julio de 2009 “por el que se fija la cuantía de los precios públicos por los servicios prestados en los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil y por los servicios de aula matinal, comedor escolar y centros docentes públicos”.

El objetivo de esta iniciativa es lograr que “no se incrementen los precios vigentes en los cursos anteriores para estos servicios, adaptar los baremos que se aplican para establecer las bonificaciones a la situación económica actual de las familias y finalmente, mejorar el sistema de bonificaciones contemplado en el citado acuerdo para favorecer el acceso a estos servicios de todas las familias andaluzas, acceso que, en ningún caso, debe ser dificultado o impedido por la situación socioeconómica de las mismas”.

El diputado andaluz de Izquierda Unida afirma que la aplicación práctica del mencionado acuerdo está originando “preocupación y malestar entre las familias afectadas, fundamentalmente por el coste que les supone en tiempos de crisis económica como la que atravesamos”.

En este sentido, García alude al incremento excesivo de precios y concreta que “el precio del comedor escolar alcanza ya los 4,50 €/día, lo que supone una subida de 0,60 €/día; En momentos en que el IPC interanual arroja cifras negativas, este aumento supone un incremento del 15,4% y si se considera el aumento de costes del servicio de comedor escolar desde 2006 hasta 2009, la subida acumulada alcanza el 43%, mientras que en el mismo período en Andalucía el IPC acumulado supone solo un 8,7%”. García entiende “sorprendente y contradictorio” este hecho si se tienen en cuenta los términos del Acuerdo citado, “en la medida en que en su punto tercero se indica que “(los precios públicos)… se actualizarán (para los cursos siguientes) en función del Índice de Precios al Consumo”.

Por otra parte, García califica de “inadecuado e ineficaz” el sistema de bonificaciones. Para el diputado, éste resulta “extemporáneo en la medida en que se refiere a los ingresos de la unidad familiar de hace dos años (2007), a los que se refiere la declaración del IRPF de 2008”. Recuerda que es precisamente a partir de 2008 cuando se ha venido desarrollando la crisis actual, caracterizada en Andalucía por un tremendo incremento del paro. Por ello, entiende que “los ingresos declarados de 2007 no responden a la actual realidad económica de muchas familias, que entonces tenían trabajo y ahora, en bastantes casos, han llegado a agotar las prestaciones de desempleo”.

En definitiva, el parlamentario considera que “en lugar de facilitar a todas las familias andaluzas el acceso de sus hijos/as a la educación infantil 0-3 años, se está dificultando por su encarecimiento. Ello provoca que muchas de ellas hayan quedado fuera de estos servicios, produciéndose situaciones verdaderamente sangrantes, al quedar excluidos de una herramienta fundamental en la igualdad de oportunidades”.

Ignacio García, Diputado de Izquierda Unida por la provincia de Cádiz, ha realizado una proposición no de ley ante la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía en relación a los servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos.
 

Como ya señalamos en una nota de prensa anterior, se ha producido un incremento de precios excesivos en la prestación de estos servicios, en concreto el precio del  comedor escolar alcanza ya los 4,50 €/día, lo que supone una subida de 0,60 €/día. Este incremento supone que las familias, en plena crisis económica, tienen que destinar 90 € mensuales por hijo (casi 15.000 pesetas por hijo al mes).

 

¿Por qué la Consejería de Educación incrementa los precios muy por encima del IPC, que ha bajado en más de un 1%?.
 

Además, el sistema de bonificaciones que ayuda a las familias con menor capacidad económica es inferior este año al de cursos anteriores, y muchas familias no van a recibir ninguna bonificación. Este sistema de bonificaciones está desfasado ante la realidad socioeconómica actual, en la medida en que se refiere a los ingresos de la unidad familiar de hace dos años (2007), a los que se refiere la declaración del IRPF de 2008. Conviene recordar que es a partir fundamentalmente de 2008 cuando se ha venido desarrollando la crisis que venimos padeciendo caracterizada en Andalucía por un tremendo incremento del paro. Por ello, los ingresos declarados de 2007 no responden a la actual realidad económica de muchas familias, que entonces tenían trabajo y ahora, en bastantes casos, han llegado a agotar las prestaciones de desempleo. En el caso del colectivo denominado “personas en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión social” que tendrían derecho a la gratuidad del servicio,  la cosa se complica aún más por la dificultad en la acreditación que establece el nuevo Decreto.
 

En definitiva, con las circunstancias descritas, en lugar de facilitar a todas las familias andaluzas el acceso de sus hijos/as a la educación infantil 0-3 años, se está dificultando por su encarecimiento. Ello provoca que muchas de ellas hayan quedado fuera de estos servicios, produciéndose situaciones verdaderamente sangrantes, al quedar excluidos de una herramienta fundamental en la igualdad de oportunidades.

Por estas razones Izquierda Unida lleva esta proposición no de ley al Parlamento de Andalucía instando al Consejo de Gobierno a modificar el Acuerdo por el que se fija la cuantía de los precios públicos por los servicios prestados en los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil, y por los servicios de aula matinal, comedor escolar y centros docentes públicos”, en el sentido de:

• No incrementar los precios vigentes en los cursos anteriores.
• Adaptar los baremos que se aplican para establecer las bonificaciones a la situación económica actual de las familias.
• Mejorar el sistema de bonificaciones para favorecer el acceso a estos servicios de todas las familias andaluzas, acceso que, en ningún caso, debe ser dificultado o impedido por la situación socioeconómica de las mismas.

El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por la provincia de Cádiz, Ignacio García, defenderá mañana en la Cámara andaluza una Proposición No de Ley por la que pide al Gobierno andaluz la paralización de cualquier operación o tramitación de planeamiento urbanístico que afecte a la finca Aguadulce de Arcos de la Frontera, “en tanto no se cumpla íntegramente la obligatoria regeneración forestal en las 140 hectáreas taladas ilegalmente, tal y como consta en la resolución del expediente sancionador, y se haya materializado en su totalidad el pago de las sanciones económicas impuestas”.

Hay que recordar que en la citada finca está proyectada la construcción de un complejo turístico-deportivo que incluye campo de golf, cancha de polo e instalaciones turísticas. El diputado andaluz solicita que se supedite cualquier operación o tramitación de planeamiento urbanístico que afecte a la finca y a su vez, insta al cumplimiento estricto del Plan técnico para mejora y optimización agrosilvopastoral de la zona.

El diputado entiende que la actuación de construcción de un campo de golf prevista mediante el plan especial urbanístico supone “un flagrante incumplimiento de numerosas normas vigentes, entre las que cabe destacar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y el Decreto 43/2008, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía, que estipula que no se consideran aptos para construir campos de golf los terrenos que presenten vegetación arbórea autóctona o árboles centenarios en una proporción superior al 60% de su superficie. Recuerda a su vez, que toda esta finca era originariamente un denso bosque autóctono de alcornoque y “si eso se ignora se estaría consolidando un grave precedente sobre la rentabilidad a posteriori de talas ilegales como la realizada en la finca Aguadulce en agosto de 1986”.

García recuerda que en la finca Aguadulce se procedió, mediante maquinaria pesada, a la tala de 9.600 grandes árboles, sobre todo alcornoques, con la finalidad de convertir 140 hectáreas en terreno agrícola. Como consecuencia, la Junta de Andalucía abrió un expediente sancionador y obligó, además, a la restauración del bosque talado. Al incumplir el propietario la obligación de restaurar el bosque de alcornoques, la Junta ocupó la finca en enero de 1994, iniciando la repoblación de la finca, la cual no ha concluido.

En 1999 la consejería de Medio Ambiente cedió de nuevo la finca a sus antiguos propietarios con el compromiso de que ejecutaran un “Plan técnico para mejora y optimización agrosilvopastoral de la finca Aguadulce”. Dicho plan no se ejecutó, lo que motivó la presentación de un nuevo plan en noviembre de 2006, que se aprobó en marzo de 2008. Al mismo tiempo, mediante un plan especial urbanístico, ya se estaba tramitando la recalificación de parte de los terrenos sobre los que había obligación de repoblar para campo de golf, cancha de polo e instalaciones turísticas, y estaba ultimado el expediente de la Declaración de Impacto Ambiental, que, “sorprendentemente”, según el diputado, resolvió declarar ambientalmente viable este complejo turístico-deportivo, “a pesar de los perniciosos efectos previsibles sobre el acuífero situado bajo la finca Aguadulce” y añade que “incomprensible fue también que Medio Ambiente autorizara en 2002 el cambio de uso de 38,67 hectáreas de terrenos talados ilegalmente para cultivo de invernaderos de fresa”.

En este sentido, Izquierda Unida reclama además, la revisión y modificación de la Declaración de Impacto Ambiental, la aplicación estricta del Decreto 43/2008, especialmente en lo que se refiere a la consideración de que la masa forestal existente debe ser la que había antes de la tala ilegal de agosto de 1986 y no la existente actualmente tras la tala y finalmente, el rechazo a cualquier solicitud de Declaración de Campo de Golf de Interés Turístico que pudiera realizarse para el previsto en la finca Aguadulce de Arcos.

El diputado critica por último, “el afán de continuar implantado campos de golf, a pesar de la caducidad de ese modelo económico” tanto por parte de la Junta como del Ayuntamiento de Arcos. Para García, el turismo de Arcos de la Frontera, “tiene personalidad propia, apoyado fundamentalmente en lo cultural, lo paisajístico y lo gastronómico” y un segundo campo de golf supondría “una saturación de la oferta que prácticamente no generaría beneficio y que, por el contrario, podría significar un importante impacto en las particularidades de la oferta turística de Arcos antes expresadas”.

En la siguiente dirección puedes ver la intervención del Diputado de Izquierda Unida por Cádiz en la Comisión de Educación del Parlamente de Andalucía: