Antes que celebrar la Constitución está el cumplirla
En estos
momentos es necesario reclamar el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda
digna y la puesta de la riqueza nacional en beneficio de todos
No merece la pena realizar actos de
lucimiento de los políticos mientras que el pueblo siente como se le pisotea
sus derechos por parte de los gobiernos, las grandes empresas y los bancos.
Arcos de la Frontera, 09 de diciembre
de 2012. Un nueve de diciembre
de 1931 se aprobó la última Constitución Española que amparaba la república
como forma de gobierno en nuestro país. La república sigue siendo un objetivo
para muchos hombres y mujeres de izquierdas en este país, por ello Izquierda
Unida ha celebrado en estos días unas jornadas sobre las Constituciones
Españolas.
Hasta hace un año la Constitución de
1978 representaba a un consenso entre las distintas fuerzas políticas
españolas, a pesar de que la izquierda había renunciado en ella a la república.
Pero desde que el gobierno de Zapatero, con la complicidad del Partido Popular
modificaron la Constitución de 1978 para dar prioridad al pago de los
especuladores de la deuda pública frente a la financiación de los servicios
públicos, esta Constitución ya no es la de todos los españoles, sino solamente
de aquellos que olvidan que la prioridad de una Constitución es la de hacer feliz
al pueblo, como decía la de 1812.
Por encima de cualquier celebración
está la lucha por evitar el crimen que cometen los bancos contra la
Constitución Española cada vez que realizan un desahucio, y es un crimen porque
atenta contra el derecho de la vivienda, porque atenta contra la dignidad de
las personas, y porque prioriza el beneficio privado sin conciencia por encima
del interés general de la nación.
Izquierda Unida entiende a los
colectivos que se manifestaron el 6 de diciembre frente a la procesión de
políticos que celebraban el aniversario de una Constitución que ha olvidado al
pueblo, que ha priorizado la usura de los especuladores frente a la solidaridad
del Estado, que se ha arrodillado frente a los mercados y los intereses
extranjeros, todo ello con la complicidad de los dos grandes partidos
españoles, el PSOE y el Partido Popular.
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