IU pide paralizar el proyecto del campo de golf de Aguadulce
El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por la provincia de Cádiz, Ignacio García, defenderá mañana en la Cámara andaluza una Proposición No de Ley por la que pide al Gobierno andaluz la paralización de cualquier operación o tramitación de planeamiento urbanístico que afecte a la finca Aguadulce de Arcos de la Frontera, “en tanto no se cumpla íntegramente la obligatoria regeneración forestal en las 140 hectáreas taladas ilegalmente, tal y como consta en la resolución del expediente sancionador, y se haya materializado en su totalidad el pago de las sanciones económicas impuestas”.
Hay que recordar que en la citada finca está proyectada la construcción de un complejo turístico-deportivo que incluye campo de golf, cancha de polo e instalaciones turísticas. El diputado andaluz solicita que se supedite cualquier operación o tramitación de planeamiento urbanístico que afecte a la finca y a su vez, insta al cumplimiento estricto del Plan técnico para mejora y optimización agrosilvopastoral de la zona.
El diputado entiende que la actuación de construcción de un campo de golf prevista mediante el plan especial urbanístico supone “un flagrante incumplimiento de numerosas normas vigentes, entre las que cabe destacar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y el Decreto 43/2008, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía, que estipula que no se consideran aptos para construir campos de golf los terrenos que presenten vegetación arbórea autóctona o árboles centenarios en una proporción superior al 60% de su superficie. Recuerda a su vez, que toda esta finca era originariamente un denso bosque autóctono de alcornoque y “si eso se ignora se estaría consolidando un grave precedente sobre la rentabilidad a posteriori de talas ilegales como la realizada en la finca Aguadulce en agosto de 1986”.
García recuerda que en la finca Aguadulce se procedió, mediante maquinaria pesada, a la tala de 9.600 grandes árboles, sobre todo alcornoques, con la finalidad de convertir 140 hectáreas en terreno agrícola. Como consecuencia, la Junta de Andalucía abrió un expediente sancionador y obligó, además, a la restauración del bosque talado. Al incumplir el propietario la obligación de restaurar el bosque de alcornoques, la Junta ocupó la finca en enero de 1994, iniciando la repoblación de la finca, la cual no ha concluido.
En 1999 la consejería de Medio Ambiente cedió de nuevo la finca a sus antiguos propietarios con el compromiso de que ejecutaran un “Plan técnico para mejora y optimización agrosilvopastoral de la finca Aguadulce”. Dicho plan no se ejecutó, lo que motivó la presentación de un nuevo plan en noviembre de 2006, que se aprobó en marzo de 2008. Al mismo tiempo, mediante un plan especial urbanístico, ya se estaba tramitando la recalificación de parte de los terrenos sobre los que había obligación de repoblar para campo de golf, cancha de polo e instalaciones turísticas, y estaba ultimado el expediente de la Declaración de Impacto Ambiental, que, “sorprendentemente”, según el diputado, resolvió declarar ambientalmente viable este complejo turístico-deportivo, “a pesar de los perniciosos efectos previsibles sobre el acuífero situado bajo la finca Aguadulce” y añade que “incomprensible fue también que Medio Ambiente autorizara en 2002 el cambio de uso de 38,67 hectáreas de terrenos talados ilegalmente para cultivo de invernaderos de fresa”.
En este sentido, Izquierda Unida reclama además, la revisión y modificación de la Declaración de Impacto Ambiental, la aplicación estricta del Decreto 43/2008, especialmente en lo que se refiere a la consideración de que la masa forestal existente debe ser la que había antes de la tala ilegal de agosto de 1986 y no la existente actualmente tras la tala y finalmente, el rechazo a cualquier solicitud de Declaración de Campo de Golf de Interés Turístico que pudiera realizarse para el previsto en la finca Aguadulce de Arcos.
El diputado critica por último, “el afán de continuar implantado campos de golf, a pesar de la caducidad de ese modelo económico” tanto por parte de la Junta como del Ayuntamiento de Arcos. Para García, el turismo de Arcos de la Frontera, “tiene personalidad propia, apoyado fundamentalmente en lo cultural, lo paisajístico y lo gastronómico” y un segundo campo de golf supondría “una saturación de la oferta que prácticamente no generaría beneficio y que, por el contrario, podría significar un importante impacto en las particularidades de la oferta turística de Arcos antes expresadas”.
Hay que recordar que en la citada finca está proyectada la construcción de un complejo turístico-deportivo que incluye campo de golf, cancha de polo e instalaciones turísticas. El diputado andaluz solicita que se supedite cualquier operación o tramitación de planeamiento urbanístico que afecte a la finca y a su vez, insta al cumplimiento estricto del Plan técnico para mejora y optimización agrosilvopastoral de la zona.
El diputado entiende que la actuación de construcción de un campo de golf prevista mediante el plan especial urbanístico supone “un flagrante incumplimiento de numerosas normas vigentes, entre las que cabe destacar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y el Decreto 43/2008, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía, que estipula que no se consideran aptos para construir campos de golf los terrenos que presenten vegetación arbórea autóctona o árboles centenarios en una proporción superior al 60% de su superficie. Recuerda a su vez, que toda esta finca era originariamente un denso bosque autóctono de alcornoque y “si eso se ignora se estaría consolidando un grave precedente sobre la rentabilidad a posteriori de talas ilegales como la realizada en la finca Aguadulce en agosto de 1986”.
García recuerda que en la finca Aguadulce se procedió, mediante maquinaria pesada, a la tala de 9.600 grandes árboles, sobre todo alcornoques, con la finalidad de convertir 140 hectáreas en terreno agrícola. Como consecuencia, la Junta de Andalucía abrió un expediente sancionador y obligó, además, a la restauración del bosque talado. Al incumplir el propietario la obligación de restaurar el bosque de alcornoques, la Junta ocupó la finca en enero de 1994, iniciando la repoblación de la finca, la cual no ha concluido.
En 1999 la consejería de Medio Ambiente cedió de nuevo la finca a sus antiguos propietarios con el compromiso de que ejecutaran un “Plan técnico para mejora y optimización agrosilvopastoral de la finca Aguadulce”. Dicho plan no se ejecutó, lo que motivó la presentación de un nuevo plan en noviembre de 2006, que se aprobó en marzo de 2008. Al mismo tiempo, mediante un plan especial urbanístico, ya se estaba tramitando la recalificación de parte de los terrenos sobre los que había obligación de repoblar para campo de golf, cancha de polo e instalaciones turísticas, y estaba ultimado el expediente de la Declaración de Impacto Ambiental, que, “sorprendentemente”, según el diputado, resolvió declarar ambientalmente viable este complejo turístico-deportivo, “a pesar de los perniciosos efectos previsibles sobre el acuífero situado bajo la finca Aguadulce” y añade que “incomprensible fue también que Medio Ambiente autorizara en 2002 el cambio de uso de 38,67 hectáreas de terrenos talados ilegalmente para cultivo de invernaderos de fresa”.
En este sentido, Izquierda Unida reclama además, la revisión y modificación de la Declaración de Impacto Ambiental, la aplicación estricta del Decreto 43/2008, especialmente en lo que se refiere a la consideración de que la masa forestal existente debe ser la que había antes de la tala ilegal de agosto de 1986 y no la existente actualmente tras la tala y finalmente, el rechazo a cualquier solicitud de Declaración de Campo de Golf de Interés Turístico que pudiera realizarse para el previsto en la finca Aguadulce de Arcos.
El diputado critica por último, “el afán de continuar implantado campos de golf, a pesar de la caducidad de ese modelo económico” tanto por parte de la Junta como del Ayuntamiento de Arcos. Para García, el turismo de Arcos de la Frontera, “tiene personalidad propia, apoyado fundamentalmente en lo cultural, lo paisajístico y lo gastronómico” y un segundo campo de golf supondría “una saturación de la oferta que prácticamente no generaría beneficio y que, por el contrario, podría significar un importante impacto en las particularidades de la oferta turística de Arcos antes expresadas”.
Es absolutamente errónea la conclusión sobre la contribución económica que supone el campo de golf al pueblo. Los datos objetivos son incuestionables, después del propio Ayuntamiento es la primera empresa en generación de empleo del pueblo y tiene más de 25.000 visitantes al año. Pregunten sino a los hosteleros y restauradores del pueblo...
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