IU considera que las nuevas tasas judiciales producirán indefensión
El Partido Popular ha convertido la Justicia en un lujo para
ricos.
El Partido Popular vuelve a atacar
a los de siempre, a los trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. Y lo
hace, imponiendo unas tasas judiciales abusivas, que impedirán a los menos
pudientes acudir a la Justicia para defender sus derechos.
Arcos
de la Frontera, 24 de enero de 2013. Recientemente se ha aprobado en el Congreso de
los Diputados, con el único apoyo del Partido Popular, una ley que plantea
nuevas tasas judiciales y que ha tenido el rechazo unánime de la oposición y de
todos los sectores profesionales: abogados, fiscales, procuradores y jueces,
así como de diversas asociaciones, entre otras la de consumidores y usuarios.La constitución Española garantiza la tutela efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Pues bien, con la nueva ley de tasas, aprobada por el Partido Popular, se imponen tasas para acceder a la jurisdicción civil, contencioso-administrativa y social, salvo algunas excepciones, lo que supone un ataque a la ciudadanía, ya que una parte de la misma no podrá entablar acciones legales en defensa de sus intereses por carecer de recursos suficientes.
Las nuevas tasas lejos
de ser disuasorias, para evitar litigar por litigar, vienen a limitar por la
vía económica el acceso a la Justicia, lo que significa que lo que hasta ahora
era un derecho público al alcance de todos, pasa a ser ahora inaccesible para
muchas personas.
Si acudir a la Justicia
no resultaba fácil, puesto que existen gastos previos de procuradores,
abogados, peritos u otros profesionales que han de intervenir en los procesos
judiciales, las tasas judiciales suponen un impedimento a la propia tutela
judicial. De esta forma, sólo a las personas con rentas altas les va a estar
permitido el acceso a lo que es un derecho público como el acceso a la
Justicia.
Ante esta situación la agrupación
Local de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía a propuesto al Pleno
del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera que inste al Gobierno de la Nación, y
en particular al Ministro de Justicia, a que adopte urgentemente las medidas
necesarias para excluir a los ciudadanos del pago de las tasas judiciales y
garantice que nadie vea limitado su derecho de acceso a la Justicia por no
poder hacer frente al pago de las mismas.
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