IU pide al Ayuntamiento que se comprometa con la función social de la vivienda
Es necesario que Ayuntamiento colabore con la Junta de
Andalucía.
Se pide el apoyo a las familias
afectadas por desahucios, la agilización de la información para la adecuación
del precio de los alquileres públicos a las nuevas circunstancias económicas y la
aplicación del nuevo Decreto que permite la expropiación del uso de viviendas
vacías pertenecientes a Bancos e Inmobiliarias.
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| Acto con la Consejera de Fomento y Vivienda |
Arcos
de la Frontera, 07 de mayo de 2013. El Consejo Local de Izquierda Unida solicita del
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera un compromiso de colaboración con la Junta
de Andalucía para desarrollar actuaciones conjuntas para garantizar la función
social de la vivienda. Izquierda Unida recuerda que la prioridad debe ser los derechos de
las personas, frente a las diferencias políticas. Por tanto, en la propuesta
realizada por Izquierda Unida se solicita a los partidos que forman el Pleno
del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera el apoyo activo a las medidas
contempladas en el Decreto-Ley en defensa de la función social de la vivienda,
colaborando y facilitando la aplicación del decreto.
Este Decreto-Ley, aprobado por la Junta de Andalucía y
apoyado políticamente por Izquierda Unida, establece que la vivienda es un
derecho humano, y las administraciones públicas deben hacer efectiva su
regulación para evitar la existencia de bolsas de vivienda vacías
pertenecientes a la banca y a las inmobiliarias; para ello, se permite la
expropiación temporal durante tres años del uso de las viviendas de las
personas jurídicas (bancos, filiales, entidades de gestión….) que estén en
proceso de ejecución o hayan sido embargadas a aquellas personas que se
encuentren en riesgo de exclusión social y no tengan alternativa habitacional.
Además, el Decreto-Ley establece las bases para sancionar hasta 9.000 euros a
personas jurídicas (bancos, inmobiliarias) que tengan viviendas vacías.
El Decreto-Ley de función social de la vivienda también
prevé incentivos al alquiler para personas físicas, estableciendo el
aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento, garantizando el
cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos;, además del fomento
del alquiler mediante medidas fiscales y subvenciones que serán recogidas en el
próximo Plan de Vivienda.
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